Consideraciones para replantear el esquema de gestión de los recursos forestales en México

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Pasado presente y futuro.

Incursionar en el pasado de la actividad forestal en México, pensando que desde ahí se podría diseñar el futuro, lleva a reconocer de manera fundamental que las condiciones de ese pasado son totalmente diferentes a las del presente y que aun cuando a través del tiempo se han llevado a cabo cambios importantes, no se han implementado las actualizaciones indispensables, de tal manera que el presente sigue acarreando un pesado lastre del pasado, representado por la aceptación generalizada de que la gestión forestal corresponde de manera exclusiva y totalitaria al gobierno federal.

El futuro nos exige, en primer lugar, tomar en cuenta la situación actual de los recursos forestales y resolver la problemática que enfrentan, motivo por el que se sigue pensando que la nación, por la vía del gobierno federal, es la única instancia que puede determinar cómo deben gestionarse los recursos forestales, expidiendo leyes, reglamentos y normas, que según esa misma instancia, deben cumplir de manera irrestricta, tanto los propietarios de los recursos forestales, al igual que todas las personas directamente relacionadas con ellos, profesionales, investigadores, compradores, transportistas, industriales, procesadores, comerciantes y hasta consumidores, estableciendo una situación totalmente incomprensible.

Precisión en lo que son recursos forestales.

Tampoco se debe continuar con el supuesto de que México es un país con una gran superficie forestal, cuando el concepto forestal, en todo el mundo, se refiere única y exclusivamente a terrenos con árboles, así que las zonas desérticas y semidesérticas son precisamente eso, desiertos y semi desiertos y no terrenos forestales y, por lo tanto, cada tipo de vegetación requiere tratarse de diferente manera. Esta incongruente definición, ha ocasionado que la sociedad en general y no se diga de los encargados de los medios de comunicación, comentaristas y analistas, piensen que esto representa una grandísima posibilidad de desarrollo económico y generación de empleos, por aquello que en el país casi las tres cuartas partes de la superficie son terrenos forestales, consideración inaudita y desde luego mal entendida.

Propiedad de los terrenos forestales.

Al igual que la apreciación de la magnitud de los recursos forestales, la sociedad en general piensa que esos recursos son nuestros, es decir propiedad nacional y por lo tanto es la sociedad y el gobierno federal, quienes tomen las decisiones de cómo deben ser gestionados. La realidad nos lleva a saber que la propiedad de los recursos forestales, cualquiera que sea su tipo, el 95% son propiedad de los dueños de la tierra, es decir comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios y que la suma de las propiedades nacional, estatal y municipal es de solo el 5%.

Esto quiere decir que la propiedad de los terrenos forestales es en la actualidad, muy diferente a la del pasado, cuando la nación era la propietaria, la que, en un acto de justicia, restituyo a las comunidades indígenas parte de las tierras y terrenos forestales que los conquistadores les despojaron y después de la revolución, creo ejidos para retribuir a la población rural que había participado en aquel movimiento armado.

En el caso de las comunidades, respetando su derecho de decidir sobre la forma de distribuir la propiedad entre sus integrantes, encontramos que los bosques, al igual que toda la superficie está parcelada y de acuerdo a su estatuto jurídico, cada comunero es libre de decidir qué hacer con su parcela, es decir aun cuando se trata de un grupo de personas, las decisiones son individuales.

En el caso de los ejidos, la nación conservaba la propiedad y solamente les permitía su uso, fundamentalmente con fines agrícolas, situación que derivó en un considerable cambio de uso hacía actividades agrícolas y pecuarias, siendo hasta fines del siglo pasado cuando se promulga la ley Agraria, que se da por terminado el reparto agrario y se entrega la propiedad de la tierra y su uso, así como la vegetación natural que en ella existe, a los ejidatarios, quienes, ya como propietarios, adquirieron también el derecho de cuidarla, rentarla, ofrecerla en garantía, aportarla a una sociedad, transformarla en propiedad privada y venderla.

Por lo que toca a los bosques y selvas en los ejidos y a pesar de que la ley Agraria establece que “es nulo de pleno derecho el parcelamiento de bosques y selvas” en muchos casos, como los bosques dedicados a la producción de resina, chicle o algún producto forestal no maderable o terrenos de pequeña superficie, con el objeto de establecer áreas de trabajo, los mismos ejidatarios se asignaron determinada superficie forestal, conocidas como cuarteles en el caso de la resina o parcelas en otros, dando por resultado que existen ejidatarios que la han cuidado con esmero y la defienden cuando la asamblea ejidal trata de decidir sobre su uso en común, máxime que también existen ejidatarios que no trabajaron ni cuidaron su cuartel o parcela e incluso cambiaron el uso del suelo

La realidad es que la gran mayoría de los bosques y selvas y aún los terrenos en zonas áridas y semiáridas, son propiedad de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios y por lo tanto de personas.

Esta real y presente situación, obliga a considerar de manera muy diferente la gestión de los recursos forestales, que llevaría a que cada individuo, comunero, ejidatario o pequeño propietario pueda ejercer libremente su derecho de decidir sobre la forma más adecuada y conveniente de conservar, manejar y hasta mejorar los recursos forestales existentes en su terreno, eliminando todas las condicionantes establecidas en la ley que obliga a que la gestión sea conjunta al igual que el reparto de los beneficios.

Conflicto de intereses.

Un grave problema que no ha sido atendido y que es urgente solucionar, es el conflicto de intereses que se da entre los dueños de la tierra y por tanto de los recursos forestales, la nación, propietaria del agua, la fauna y los recursos minerales y la sociedad beneficiara de los servicios y productos que generan esos terrenos y sus recursos. Conflicto que ha llevado al gobierno federal, que atiende la propiedad del agua, la fauna y los recursos minerales a privilegiar el uso del agua y los minerales y la protección de la fauna, imponiendo severas restricciones al uso adecuado de los recursos forestales, situación que ha propiciado un creciente aumento de la producción forestal ilegal y en muchos casos el cambio de uso del suelo.

Apoyo al sector forestal.

A pesar de los apoyos otorgados, las zonas forestales siguen padeciendo la falta de infraestructura, inseguridad e incentivos y apoyos efectivos que hagan que el trabajo forestal, el más duro de todas las actividades en el medio rural, abra espacios adecuados para la participación de las mujeres y despierte el interés de los jóvenes y les permita permanecer en sus lugares de origen conservando el ámbito familiar.

Conclusión

Ante estas consideraciones y reconociendo que cualquier recomendación que se considere aceptable lleva implícita modificaciones legales, administrativas y sociales, resulta indispensable replantear el esquema de gestión forestal en el país, de acuerdo a las diferentes características y condiciones de los recursos forestales, su uso sustentable, los derechos de los propietarios, así como precisar la participación de los gobiernos municipales como la instancia operativa y los estatales y federal como instancias de definición política, planeación y control.

Luis Sangri Namur
lsangri@prodigy.net.mx
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques
Editor de la Revista Forestal Mexicana
www.revistaforestalmexicana.com.mx

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